Política disfuncional y crisis ambiental: cómo el desorden territorial afecta la salud mental y la vida comunitaria

Melina Dassano, integrante de la mesa de diálogo de la Dirección de Ordenamiento Territorial de Córdoba, analizó en una entrevista con CDM Noticias Radio las consecuencias de un sistema político y ambiental que, lejos de garantizar derechos, profundiza la desigualdad y el deterioro social. «Se me ocurrió hablar de política disfuncional porque hay una falta de referenciación de líderes sociales y políticas públicas. Directamente nos nombramos como apolíticos, pero hay una política estructural que nos une», señaló.

Para Dassano, la «política disfuncional» se manifiesta en la falta de referentes y en la apatía ciudadana: «Hablamos de falta de representación, corrupción estructural y gobiernos que no responden a las necesidades. Esto genera inestabilidad, incertidumbre y una sensación de caos que viene intensificándose desde la pandemia». La activista remarcó que la solución pasa por «fomentar la participación ciudadana, fortalecer instituciones democráticas y luchar contra la corrupción», aunque advirtió que el actual recorte de fondos agrava el problema.

Uno de los ejemplos más claros de esta disfunción es la aplicación de la Ley de Bosques Nativos (26.331). «Si hoy preparamos una mesa de ordenamiento territorial sin recursos ni participación, el proceso queda disfuncional», explicó. «El gobierno nacional eliminó los fideicomisos; las provincias no pueden contratar técnicos, monitorear desmontes ni actualizar mapas. Sin compensaciones a comunidades, muchos optan por actividades destructivas por necesidad». Esta falta de recursos, sumada a la opacidad, abre la puerta a la corrupción: «Las decisiones sobre desmontes se toman por intereses económicos, no por criterios ambientales».

El impacto también se ve en lo urbano. «La basura nos está tapando en las sierras. Los municipios no tienen capacidad para gestionar el reciclado, y la ley ambiental 10.208 de Córdoba no se cumple», denunció. A esto se suman los incendios forestales, la especulación inmobiliaria y casos como el de las familias de Cosquín, que tras una obra hídrica mal ejecutada «no tienen agua para riego ni consumo, a pesar de las órdenes judiciales».

Pero la consecuencia más grave, según Dassano, es el deterioro de la salud mental. «El sistema no responde a las necesidades: solo se destina el 1,68% del presupuesto de salud cuando la ley exige 10%», detalló. «El 45% de la población sufre trastornos emocionales; en jóvenes de 15 a 24 años, el suicidio alcanza los 22 casos por día. Esto no es solo por la economía: es un duelo colectivo por lo que perdimos como comunidad».

Frente a este escenario, la especialista insistió en que el ordenamiento territorial es una herramienta clave: «Debe ser participativo, con conocimiento local. Si no, será otro fracaso». Y cerró con un llamado a no naturalizar la crisis: «No es culpa de un gobierno o un vecino. Es una estructura que no se cumple, y nos está costando el futuro».

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