Denuncia por maltrato laboral en el “Complejo ético el Zapato”

Hace poco más de un año que la Fundación Unidos Por la Integración Social (UPIS) tiene la concesión del Complejo del Zapato, con el objetivo de integrar a personas con capacidades diferentes en el ámbito laboral turístico de Capilla del Monte. Sin embargo, a mediados del 2024, la hermana de una de las trabajadoras realizó una denuncia ante las condiciones de maltrato que vivió en el lugar.

El 26 de agosto del año 2023 la Fundación Unidos por la Inclusión Social (UPIS) firmó el convenio de concesión del Paseo con el Municipio de Capilla del Monte, por diez años. En el mes de noviembre del mismo año se abrió la convocatoria para empezar las entrevistas de personas adultas con discapacidad. Lucía Torres, la presidenta de la Fundación, explicó en su momento que : “se tomó once de los muchos que se presentaron de todas partes y son las personas que están trabajando ahora: diez de Capilla del Monte y uno de La Falda”.

Finalmente, el 5 de enero, UPIS abrió las puertas del Paseo el Zapato en Capilla del Monte. A lo largo de todo el 2024, los grupos de trabajo se organizaron entre el estacionamiento, el mantenimiento del predio, la recepción de la gente y quienes informan de qué se trata el proyecto.

Sin embargo, una iniciativa que prometía inclusión y acompañamiento a personas con discapacidad, resultó traumática para una de ellas, quien desarrollaba tareas de cobranza y mantenimiento de espacios limpios en el lugar: “actividad que ha tenido que dejar debido a situaciones vividas allí que generaban desregulación emocional”, se explica en el informe psicológico de la damnificada.

Elina Alcalde García, hermana de la víctima, y la persona a cargo de su cuidado, realizó una denuncia en la Unidad Judicial de La Falda el día 21 de noviembre contra la Lucía Torres, presidenta de la Fundación UPIS, con el fin de que se investigue “la posible comisión de delitos de acción pública por parte de la nombrada, de los cuales habría resultado víctima mi hermana y otros empleados y ex empleados del Complejo Turístico El Zapato, de la localidad de Capilla del Monte”.

Elina, acompañante terapéutica especializada en discapacidad, desde un primer momento planteó en la Fundación la posibilidad de que su hermana, cuyo diagnóstico es síndrome de down y retraso mental, tuviera el apoyo de un acompañante terapéutico. “A raíz de que ella siente mucho miedo de salir a la calle sola y además le cuesta la vinculación con los grupos. Esta señora -Lucía Torres- me manifestó que tal acompañamiento no era necesario y que, además, no quería acompañantes terapéuticos en el proyecto, ya que ella tenía experiencia suficiente en el trato y manejo de personal con discapacidad”, detalla Elina en la denuncia.

Los hechos

Según consta en la denuncia, con el transcurso de los meses comenzaron a suceder situaciones con su hermana, que ella misma había advertido como posibles y comunicado a la Fundación, sin tener como respuesta ese acompañamiento idóneo que había propuesto para su hermana. “Me llamaban constantemente para que vaya al Complejo, ya sea a buscarla porque tenía miedo de volver sola a casa, o por algún conflicto en el ámbito laboral”. Ante este panorama, Elina les había manifestado -una vez más- la posibilidad de contratar a personal especializado, pero nunca obtuvo una respuesta favorable desde la Fundación.

“Al poco tiempo, empezaron a presionar para que mi hermana tuviera el WhatsApp disponible a toda hora, cosa que no sucede puesto que no se vincula de manera adecuada con las redes sociales, no tiene cuidado con quien habla ni reconoce la diferencia entre lo privado y lo público; motivo por el cual ella tiene su celular controlado y sólo se activa cuando hay supervisión. Todo esto le expliqué reiteradamente a la Sra. Lucía Torres, sin lograr que dejara de presionar y hasta amenazar con dejar sin trabajo a mi hermana”. A esta situación, se le sumó que el sueldo cada vez fue menos, llegando a percibir “unos $ 20.000 cada tanto, en efectivo en mano y sin recibo alguno”.

El panorama se complicó para la familia, cuando después de que les robaran el auto, la joven no llegaba a asistir a horario al Complejo. Si bien fueron explicados los motivos y en principio fueron aceptados, luego fueron argumentos para el maltrato. “Paralelamente empecé a notar que mi hermana se enojaba conmigo, que me contestaba mal, y que la convivencia se iba poniendo cada vez más difícil”.

Luego de trabajar varios meses en la Fundación, su hermana fue despedida el 29 de junio de 2024. La familia relata que la Sra. Lucía Torres la echó del predio y ella quedó desorientada, sola, intentando volver a su casa. “Mi hermana salió sola del predio, en ese estado y de casualidad agarró el camino que más o menos la llevaba a su casa, porque si se iba para el otro lado, se perdía peor. Al salir del predio, se quedó llorando en la esquina del Zapato. Allí estuvo media hora y de ahí salió para casa pero no llegó porque estaba muy estresada y angustiada, con miedo. Cuando salimos estaba a la vuelta de mi casa dando vueltas sobre sí misma, perdida. Cuando me acerqué y la abracé se desplomó llorando, a los gritos, totalmente agitada. La llevé así hasta nuestra casa y estuvo más de una hora llorando, hasta que logró contarme que Lucía la había tratado mal, que le había dicho que se vaya porque llegó tarde, que no quería verla en el predio del complejo”.

Después de este episodio, su hermana transitó angustia, ansiedad e insomnio. “Según su relato -explica la psicóloga en el informe- esto comienza luego de una situación de maltrato vivenciada en dicho espacio laboral, sin haber sido asistida en su momento”.

Con el paso de los días, la hermana de Elina comenzó a contar situaciones que experimentó en su lugar de trabajo, donde le decían que debía cocinarse sola y salir a horario a trabajar. Incluso, según consta en la denuncia, le dijeron que su hermana (cuidadora y responsable de ella) la manipulaba para que ella no pudiera trabajar.

Desde la construcción de un falso relato de equidad y autonomía, la hermana de Elina comenzó a acumular presión y a tener desencuentros en la convivencia con su familia. Todo esta experiencia, llevó a confirmarle a esta familia, que en la Fundación UPIS no había personas capacitadas para llevar adelante un proyecto con adultos que tienen discapacidad intelectual, “que los discursos violentos y malos tratos eran habituales de parte de Lucía y además, hablando con otros integrantes del grupo, notamos que le tienen miedo a la nombrada”, detalla Elina en la denuncia.

Elina enfatiza en la toma de posición de la sra. Torres respecto del correcto acompañamiento. “Lucía no sólo se niega a contratar personas capacitadas, sino que además está en contra de los dispositivos de acompañamiento en discapacidad”.

El hecho de haber dejado en la calle a una persona que no tiene las herramientas psíquicas para majarse sola, conllevó a demostrar a la familia de la víctima que había existido no sólo una situación abusiva hacia ella, sino que la habían expuesto a un fuerte trauma, con el fin de, “usarla como ejemplo de lo que les pasaría a sus compañeros sino cumplían las consignas, muchas veces caprichosas, a rajatabla”.
Esta grave situación -que afectó la propia autonomía de una persona con otros recursos emocionales- pero que sin lugar a dudas el maltrato nunca debe ser una forma vincular en ningún ámbito laboral, generó miedo en la hermana de Elina al punto de no poder pasar por la puerta del Complejo del Zapato. Esto es difícil de evitar, ya que su domicilio es a unas cuadras del establecimiento.

Lo mismo sucede en la participación de eventos sociales vinculados a la discapacidad y la rehabilitación, donde suele cruzarse a Lucía Torres, “lo que le hace revivir las situaciones descriptas, generándole ataques de ansiedad y miedo”, explica en la denuncia. Son esas las razones que también llevaron a Elina a incluir un pedido de restricción perimetral para la protección de su hermana.

La denuncia fue efectuada el día 21 noviembre de 2024. Para ello, Elina se asesoró con un abogado, pero aún no tuvo respuestas por parte de la Unidad Judicial. Al testimonio de Elina, se suma la experiencia de otra persona.

En diálogo con nuestro medio, el padre de otra joven que trabajaba en la Fundación y renunció por considerar que recibía tratos autoritarios y abusivos, dijo que no se observa en las personas con discapacidad que allí trabajan ningún proceso significativo hacia su independencia o inserción laboral, aceptando salarios irrisorios. «Es una situación que se asemeja a la explotación laboral disfrazada de buena voluntad y marketing en redes sociales».

«UPIS presume de transparencia y orden, pero no proporciona informes financieros a los padres (ni a los propios jóvenes), y tampoco emite comprobantes fiscales de sus ventas, dificultando el seguimiento de sus finanzas y haciendo que sus balances contables parezcan inverosímiles», remarca, al tiempo que agrega que trabajan 144 horas mensuales cobrando $100.000 por mes, sin actualización desde enero de 2024”.

«En ningún lado dice que tengo que emplear a personas con discapacidad»

CDM Noticias tuvo conocimiento de una serie de audios enviados por la responsable de la Fundación en los que la misma persona expresa que pueden ser reenviados «lo dejo en el audio porque si lo quieren desparramar por todo el pueblo, desparrámenlo»

Lucía les dice a las personas que trabajan en el complejo que «el contrato de concesión del municipio hacia la fundación en ningún lado dice que yo tengo que emplear personas con discapacidad. Lo hago porque esa es mi prioridad. Pero si yo tengo que sacarlos a todos y poner gente que tenga ganas de trabajar, que no tenga discapacidad, lo puedo hacer tranquilamente, Porque así como me quieren hacer reventar a mí, y bueno, yo tranquilamente puedo limpiar y para el verano poner gente que tenga ganas de laburar. Gente que tenga necesidad de trabajar. Y gente que quiera comprometerse en lo que está haciendo»

La cita al contrato es correcta. El mismo no dice expresamente que las personas que se empleen tengan que ser personas con discapacidad. Sin embargo, durante toda la redacción se hace referencia al objetivo de la fundación, es decir, el trabajo con personas con discapacidad, motivo que justifica la celebración del mismo. Y, junto a ello puede leerse el Proyecto de Ordenanza que dio lugar a la aprobación y posterior firma:

«El Municipio considera que que, la atención y gestión, como la puesta en valor del Paseo turístico “El zapato” por personas con discapacidad, coadyuvará al desarrollo integral de sus potencialidades y a la promoción de una valoración social positiva de sus diferencias y semejanzas, en pos de la construcción de una sociedad más justa y solidaria, respetuosa de la diversidad, marcando una visión en la generación de turismo desde la inclusión.»

Las expectativas del Municipio

Luego de varios intentos de concesiones directas y frustrados resultados a los llamados a licitación, el Municipio otorgó el predio en Concesión directa a la Fundación UPIS. En la firma del convenio, el intendente local celebró la decisión política del Ejecutivo y el acompañamiento de los concejales.
“Desde el corazón de la Argentina, en el interior del interior, donde teníamos uno de los atractivos turísticos más importantes del país, en el año 40. Ahora tuvimos la oportunidad de redoblar la apuesta, para llevar adelante este proyecto. Va a quedar tallado en la historia de Capilla del Monte que todo el pueblo tuvo la decisión política», expresó en ese entonces Díaz.

«Que Capilla del Monte se convierta en una noticia nacional y que no sea por los incendios, sino por tener el primer paseo ético del país. Hoy es uno de los días más importantes para Capilla del Monte. Esto va a quedar para la historia. No existe ninguna posibilidad de que esta noticia no tenga otro análisis de ser una noticia positiva. Celebremos.»

En el texto de la denuncia se pone en duda la pertinencia del convenio efectuado entre el municipio y la Fundación, señalando que UPIS “carece de la más mínima idoneidad técnica y financiera para hacerse cargo del paseo turístico Complejo El Zapato, como así también, carece de idoneidad y personal cualificado para guiar y contener a las personas que, según el propio decreto de concesión, debían ser empleados para realizar las tareas pertinentes al lugar, a saber, gente con discapacidad física o mental, síndrome de Down”.

En la denuncia se destaca que tal contratación puede resultar perjudicial para el Estado municipal, «quien a futuro podrá cargar con juicios laborales y/o de daños y perjuicios, independientemente de que se encontrare o no justificada la celebración de la concesión y de que el desenlace de las gestiones, pudiere resultar económicamente perjudicial para el Municipio”.

Finalmente, en la denuncia se anexan medidas de prueba como copias de los mensajes de texto intercambiados con Lucía Torres, donde en uno de ellos hasta llega a manifestar la necesidad de «limpiar y poner gente que tenga ganas de laburar». Se incorpora el informe psicológico, el decreto de concesión y la copia del informe redactado por la Fundación Amarte.

Asimismo, se solicita que se cite a prestar declaración testimonial al total de los empleados con diversos grados de discapacidad que actualmente desempeñan tareas en el Complejo El Zapato, a fin de escucharlos con las debidas prevenciones del caso, como a los encargados de los grupos de trabajo, entre otros testimonios.