El INTA en crisis: denuncian «intervención encubierta» y riesgo de desmantelamiento

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) atraviesa una situación crítica tras la decisión del Consejo Directivo Nacional de modificar su estructura orgánica, quitando facultades clave a la Dirección Nacional y creando una nueva coordinación dependiente del presidente del Consejo. Mario Romero, secretario general de APINTA, denunció que esta medida representa una «virtual intervención» del organismo, manejada desde el Ministerio de Economía. «Vacían de contenido a la Dirección Nacional, que históricamente manejaba estos temas», afirmó.

Según Romero, el Consejo Directivo —integrado por representantes del Poder Ejecutivo, entidades del campo y universidades— ignoró propuestas previas y avanzó con una resolución que concentra poder en una nueva figura. «Hubo reuniones con el Ministerio de Economía y la Secretaría de Agricultura. Parece que hubo algún retorno o prebenda para que voten esta intervención», sostuvo el dirigente, insinuando presiones externas.

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La medida preocupa por su impacto en el funcionamiento del INTA. Romero comparó la situación con lo ocurrido en otros organismos como el Senasa: «Cuando funcionarios de Caputo manejan las instituciones, paralizan actividades, no ejecutan presupuesto y avanzan en despidos». Además, recordó que un decreto reciente incentiva económicamente a quienes reduzcan planteles estatales: «Le están poniendo precio a cada puesto de trabajo».

El secretario de APINTA alertó sobre los riesgos para las economías regionales. Reveló que ya existe un plan para cerrar 300 unidades de extensión rural, despedir a 1.500 trabajadores y eliminar el Centro de Investigaciones de la Agricultura Familiar. «Quieren que el INTA solo mire la soja y el maíz de la pampa húmeda, dándole la espalda al interior profundo», criticó. Destacó que, sin el INTA, los pequeños productores quedarían sin acceso a tecnología y asesoramiento.

Frente a esto, los trabajadores del INTA preparan acciones legales y gremiales. Romero adelantó que analizan presentar un recurso de amparo: «Nuestros abogados consideran que ni la Ley Bases ni la ley del INTA permiten estas decisiones». Además, confirmó un paro nacional el 10 de julio, en el marco de un plan de lucha aprobado en diciembre.

La posición de las entidades agropecuarias también generó controversia. Romero señaló que solo el representante de las facultades de veterinaria votó en contra, mientras que Federación Agraria —antes crítica— apoyó la medida. «Es sorprendente. Ahora les pediremos explicaciones por avalar esta intervención encubierta», afirmó.

El conflicto refleja una puja por el modelo del INTA: mientras el Gobierno impulsa recortes, los trabajadores defienden su rol en la diversidad productiva. «Sin extensionistas, el país profundo queda abandonado», resumió Romero. La próxima semana, con movilizaciones y acciones judiciales, se definirá el rumbo de una institución clave para el agro argentino.