Causa defensores ambientales en Punilla: comienza el proceso de elevación a juicio

En el mes de julio del año 2024, se había presentado la apelación de la elevación a juicio, -requerida por la Fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, en la causa donde se criminaliza a 17 defensores ambientales, de los cuales 6 tienen el pedido de juicio. Meses después, el 18 de diciembre del año pasado, la Cámara de Villa Dolores notificó a los y las imputadas, que la apelación había sido rechazada. De este modo, el  31 de marzo comenzó el proceso judicial penal, en la Cámara del Crimen de Cruz del Eje, pero aún no está fijada la fecha del juicio.

“La Cámara de Villa Dolores nos tomó la audiencia de apelación y luego nos notificaron que no había lugar, casi sin causas”, dice Marcela Martín, una de las imputadas por supuestas amenazas.

Marcela es Trabajadora Social, integra la Asamblea Ambiental de Santa María de Punilla y milita en Izquierda Socialista. Cuando recuerda el resultado negativo de la apelación, siente que fue como un baldazo de agua fría para todos. “Pensábamos que la ganábamos ahí. El problema es la desesperanza. Esto se frena con la lucha en la calle”, dice y da cuenta de los mecanismos que tiene el poder judicial para criminalizar la protesta y disciplinar a las  personas: “esto es una forma de neutralizar lo que se va a venir, con la continuidad de la autovía”.

Ahora la causa pasó a la Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje y en abril arrancó la recepción de nuevas pruebas por parte de las defensas, como investigación suplementaria, un proceso preliminar a la etapa del juicio oral. Parte de la prueba que será aportada, comprende a lo que la misma Fiscalía de Cosquín ignoró en la etapa de instrucción.

Marco D’Angelo, es docente y periodista, integra la asamblea ambiental de Cosquín, Pan y Caramelo, y es otro de los seis imputados con pedido de juicio, en su caso, también por supuestas amenazas. “De las seis personas imputadas, hay cinco que hasta ahora hemos acordado presentar un pedido de suspensión del juicio a prueba. Sabemos que el Juez o la Fiscal pueden decidir rechazarlo y vamos a juicio”, dice.

Plantear el contexto en el cual se genera el conflicto, es lo primero que explica para caracterizar el escenario social y político sobre el cual se imputan a distintos ciudadanos y se crean causas por participar en episodios por la defensa del ambiente. Las acusaciones fueron construidas en circunstancias fuera de contexto: “a mí me acusan de amenazas, yo nunca amenacé a nadie”.

Los medios que se utilizaron para avanzar en la construcción de la Autovía, se siguen sosteniendo a partir del poder del Estado en todas sus facetas: represión policial, persecución a los manifestantes, amenazas, imputaciones.

“La resistencia al avance de la Autovía de Punilla, surge a partir de que el gobierno unilateralmente decide desoír a las comunidades que les planteaban críticas al impacto ambiental en el proyecto”, resalta Marco.

A pesar de los estudios científicos que habían sido presentados en su momento, que demostraban las inconsistencias en el trazado de la misma y el gran impacto socio ambiental y cultural, la mega obra continuó. “Ejecutaron de manera bastante irregular la Audiencia Pública virtual en el 2021, y a pesar de esas dificultades, hubo un  90% de rechazo, con la participación de casi 500 personas”.

 “Ahora se están confirmando las consecuencias. Mientras, se planifica proseguir hasta La Cumbre, un proyecto que no tiene límites, que desconoce la fragilidad que tienen los territorios que atraviesan. El daño que producen es inconmensurable e irreparable”, asegura Marco.

La acusación penal -continúa Marco D’Angelo- elimina toda posibilidad de analizar las circunstancias  en las que se produjeron los hechos. “En una protesta estás cantando una canción y eso se convierte en una amenaza. Llama la atención que haya prosperado, ninguno de los tres jueces que tuvieron en sus manos esta causa, pudo ver que esto era una cuestión política”.

Los hechos y la violencia del “progreso”   

Como se explicó, esta historia data desde los comienzos de la construcción de la Autovía hace tres años, donde las detenciones y la violencia del Estado provincial, fueron modos sistemáticos de operar.  

El hecho puntual que habilitó al armado de esta causa, está vinculado a la manifestación que se realizó contra al entonces intendente de Cosquín, Gabriel Musso el 13 de agosto de 2022, quien se encontraba en una confitería de la localidad de Cosquín.

Ese día, distintos integrantes de organizaciones ambientales estaban reunidos en un plenario general en la plaza de Cosquín. En un momento identificaron al ex intendente, quien se sentó en un bar, cuya ventana daba a la plaza. A partir de esta situación, decidieron trasladarse hasta allí y manifestarse con cánticos de repudio hacia Musso por su complicidad con el proyecto de la Autovía. Por ese hecho, se armó una causa contra 17 defensores ambientales, de los cuales seis tienen el pedido de elevación a juicio.

Dos días antes, la Fiscal Kelm los cita. Marco fue con su representante legal, la abogada Eugenia Scarpinello, con la intención de entablar un diálogo ante los diversos sucesos de violencia y la persecución que venían sufriendo frente a las protestas contra la mega obra. Sin embargo, con el Código Penal en la mano, como un escudo que adaptó la funcionaria cual estatua de la justicia, los amenazó: “nos decía que lo iban a aplicar de manera discrecional”, recuerda Marco. Dos días después, el 13 de agosto, cumplió con la amenaza.

La lucha de las organizaciones ambientales que se nuclearon para dar cuenta de los graves impactos que genera esta obra, lleva el tiempo de aquel primer amparo ambiental del año 2017, que nunca se resolvió. Continuó con la denuncia penal en el 2018 a la Jefa Comunal de San Roque y las audiencias públicas del mismo año, donde la ciudadanía se expresó en relación a, lo que en principio, era un proyecto. En aquella oportunidad, la mayoría  se manifestó en contra del inicio de la obra, y fue la audiencia pública más participativa desde que la ley exige este mecanismo en la provincia de Córdoba.

En el año 2021, con la virtualidad de por medio, comenzaron las audiencias públicas para opinar por el “Estudio de Impacto Ambiental”, que propuso la constructora del proyecto Alternativa Ruta 38. El estudio fue rechazado en un 90%, la licencia social nunca fue dada, y hubo un acuerdo extendido con fundamentos sobre el por qué, esto conllevaría a grandes impactos irreversibles para el ecosistema -natural y cultural- ya degradado de la región.

En el año 2022, comenzó la segunda etapa de la obra y las y los vecinos de la zona de Molinari se organizaron en un acampe para visibilizar el daño que implicaba continuar con este proyecto de infraestructura. Sin embargo, el día 10 de mayo del año a las 3:40hs. de la madrugada, fueron desalojados de manera violenta por la policía de Córdoba.

En la semana de aquel brutal desalojo, -el 17 de mayo-, en el marco de la represión en el  Puente La Candelaria de la localidad de Molinari, se llevaron detenida a una vecina, quien sería la primera de varias presas y presos por luchar en defensa de ese territorio.

Desalojos, destrucción de sitios sagrados para las comunidades originarias, el impacto en el ambiente y en la salud de las infancias por las detonaciones efectuadas, fueron elementos estructurales de la arquitectura sobre la que se erige la Autovía de Punilla.

Una obra que responde al plan de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y al Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), son instancias de decisión política donde se pretende implementar la integración de la infraestructura de América del Sur, a costa del despojo de los pueblos por los que atraviesan estos mega proyectos. La lógica del modelo extractivista, hace décadas que requiere de sus circuitos de traslado de mercancías y se materializa en la infraestructura para la conectividad entre países y grandes zonas productivas hacia los puertos para la exportación de las materias primas.

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El 29 de julio de 2024, la instancia de apelación a la elevación a juicio, fue una oportunidad para dejar en evidencia el procedimiento irregular de la fiscal Kelm, quien también desestimó durante el 2023 las pruebas y testigos que los y las abogadas de los imputados presentaron ante la acusación.

En diciembre del año pasado, el fallo de la Cámara de Villa Dolores que respaldó la decisión de la Fiscalía de rechazar estas pruebas, argumentó que no afectaban el curso del proceso ni el derecho a la defensa. Esta decisión fue uno de los principales agravios presentados por los abogados, -Joaquín González, René Amsler y Eugenia Scarpinello-, quienes denunciaron una falta de imparcialidad en el tratamiento del caso, donde dichos testimonios, entre otras pruebas, darían una versión diferente de los hechos.

Asimismo, se denunció la violación del Artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece el derecho a un ambiente sano, equilibrado, y la obligación de preservarlo; el Artículo 38 de la Constitución de la provincia de Córdoba, que establece entre otras cosas,  evitar la contaminación ambiental y participar en la defensa ecológica y  la Ley General del Ambiente y el Convenio 169 (OIT).

“Era una protesta -retoma Marco-, en las declaraciones, el intendente formula mentiras, hay videos donde se demuestra la protesta. Sí se le hicieron acusaciones y se lo mencionó como ecocida, eso parece que es lo que más le molestó”.

Proteger la vida. La comunidad reaccionó de manera instintiva, reflexiona ahora Marcoy recuerda que unos días previos a la protesta, se habían movilizado por el esclarecimiento del crimen de Jonathan Romo, el 10 de julio de 2022,  en manos de la policía de La Falda.

A uno de los imputados, casi se lo lleva por delante luego el auto donde iba el intendente y está acusado por resistencia a la autoridad y daños. “Lo agarraron veinte policías, lo estaban asfixiando, los mismos policías que hacía unos días habían asesinado a Romo en La Falda. Hay unas cuestiones muy delicadas en juego, que la justicia las ignora”.

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Hay un relato que falta. El contexto insiste Marco. La instrucción de la Fiscal Kelm, lo ignora. Sobre esa descontextualización se construye un discurso que no evidencia la película completa. Mientras, el derecho a la protesta, es sintomático ante un sistema judicial que desvía el curso en las presentaciones formales, y la desobediencia civil se emerge como un medio legítimo en la democracia, un elemento necesario de su cultura política.

Hace tantos siglos como la injusticia, el filósofo John Locke (1632-1704), hablaba de la desobediencia civil en tanto imprescindible, “como motor del cambio del derecho” y en su justificación cuando, “no se puede invocar la ley para evitar la injusticia”. Son innumerables los ejemplos en el mundo, que demuestran, frente al fracaso de los intentos legales, como a importantes cambios en las sociedades, los preceden enormes luchas sociales.

La manifestación es una acción colectiva, pero la justicia responde individualizando el ataque, mediante un procedimiento irregular y tendencioso. Quienes fueron expuestos ante esta causa,  saben que la ley no garantiza protección. Todavía el miedo regula las emociones. Entienden que el comportamiento del poder político y judicial, ha sido feudal y no ven un Estado de plena garantía de derechos.

El juicio -concluye Marcela- al menos es un medio para demostrar lo que implica esta causa armada: “como será que los habremos jodido, que tuvieron que dividir en cuatro el tramo de la Autovía. Es una gran oportunidad para hacerlo mediático y mostrar los intereses políticos, el RIGI cordobés (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones)”.

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